Algunos me preguntan por qué escribo sobre responsabilidad social (RS) si soy bastante crítico ante el modo en que las ONGD (organizaciones no gubernamentales para el desarrollo) operan, asegurando que lo que África necesita es inversión y no donativos.  Es cierto que para mucha gente la RS consiste en que la empresa done dinero a ONGs y fundaciones (muchas veces creadas por la misma empresa), lo que le sirve para conseguir buena imagen, la de organización generosa con los necesitados. La culpa reside en ciertos sectores empresariales que presionan para que la RS sea una cuestión voluntaria, promoviendo que como tal aparezca en muchas definiciones oficiales, con lo que su puesta en práctica se relaciona necesariamente con una cuestión de caridad o filantropía.

Nada más lejos de la realidad. Ya en los años 70, los movimientos sociales proclamaban “la caridad es voluntaria, pero la justicia es obligatoria” para distanciarse del paternalismo caritativo de algunos sectores religiosos. La ambigüedad actual entre estos dos conceptos está alimentada por muchas ONGs, herederas de esos movimientos sociales, que viven en la incoherencia de hablar en términos de justicia social, mientras que actúan desde la caridad más paternalista, limitando las “denuncias sociales” a los recortes que el gobierno está haciendo a los fondos de cooperación al desarrollo.

Por suerte, en España, el Foro de Expertos en Responsabilidad Social de las Empresas  convocado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, habla de “cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes” y de “la integración voluntaria en su gobierno y su gestión, en su estrategia política y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, medio ambientales y de respeto de los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés”[1]. Port tanto, el Foro concluye expresamente que “una empresa es socialmente responsable cuando responde satisfactoriamente a las expectativas que sobre su funcionamiento tienen los distintos grupos de interés”. Y, para mayor claridad, los grupos de interés a los que se refiere el documento son sus trabajadores, clientes, proveedores, accionistas y su impacto ecológico y social en la sociedad en general.

Por tanto, la RS no consiste en que las empresas concedan donativos a las ONGs. Por una parte, la RS no está restringida a empresas, sino que “se extiende a todas las organizaciones que aportan un valor añadido a la sociedad, sean públicas y privadas, con ánimo o sin ánimo de lucro”[2] . Por otra parte, la RS no es un instrumento para el lavado de imagen comercial. Es mucho mejor que las organizaciones den menos donativos, y cumplan con los derechos humanos, laborales, sociales y medioambientales afectados por su actividad.

La tentación para muchas empresas que comercian con África es actuar como verdaderos depredadores, intentando sacar el mayor provecho posible de la situación, las personas y la debilidad estructural, ocultos tras campañas que recurren a manidos lemas: “Qué bueno somos preocupados por el desarrollo de África donando tanto a x y x.” Aunque muchos no se lo crean, la incoherencia ética les cuesta más caro que el intentar hacer las cosas bien. La incoherencia en una organización es un estrés añadido que repercute negativamente en todos los sectores y que suele suponer un coste social, laboral y financiero, desgastando la capacidad de la organización para desarrollarse. Como reza un proverbio swahili: “Kuni huzaa jivu” (la leña engendra cenizas). Por otro lado, la RS no es un gasto, sino una inversión; una distinción básica que pocos entienden en momentos de crisis.

La picaresca española consistente en convertirse en depredadores “solidarios” no tiene futuro ante los inversores responsables. No se crece si no se invierte.